Denuncia

San Cristóbal de Las Casas, Chiapas
21 de Febrero del 2002

COMUNICADO DE PRENSA

La Red de Defensores Comunitarios por Los Derechos Humanos denuncia la continua detención de Manuel Cruz Méndez, Antonio Gómez Luna, Andrés Gómez Luna, Miguel Ángel Gómez Luna, Mariano Cruz Hérnandez como violación flagrante de la Constitución Política de Los Estados Unidos Mexicanos (CPEUM) y del derecho internacional vigente sobre la detención arbitraria y la tortura..

A más de mes de estar privados de su libertad los cinco detenidos, los cuales, después de ser detenidos, golpeados, y acusados falsamente por priístas (varios que son conocidos en la Zona de Palenque como miembros del grupo paramilitar Los Chinchulines), y padecer actos de tortura a manos de elementos de Seguridad Pública y judiciales del estado en Palenque, en presencia del Ministerio Público de este mismo municipio, se les impuso 30 días de arraigo, cumplidos el día de ayer y ahora intentan prolongar este arraigo por 30 días adicionales.

Primero, el arraigo es una figura jurídica que no tiene aplicación en este caso ya que las acusaciones en contra de los detenidos se refieren a los hechos de un solo evento y no a delitos constantes como lo requiere la ley para que el Ministerio Público pueda alegar que este caso se trata de delincuencia organizada como lo requiere la ley para la aplicación del arraigo (Artículo 550 bis 5 y 6 del Código de Procedimientos Penales del Estado). Además, los cinco detenidos son campesinos indígenas avalados por sus autoridades comunitarias sin la intención y capacidad de huir de las autoridades en este caso, como también lo requiere la ley para aplicar el arraigo.

Segundo, el defensor de derechos humanos, Francisco Cruz Pérez, se ha enfrentado a diversos obstáculos, burocráticos desde la detención de los inculpados hasta el día de hoy en encontrar la información necesaria sobre el proceso que se les está llevando.

La desinformación por parte de las autoridades, ha sido tal, que al defensor le han dado diferentes dependencias que se suponen están llevando el caso, la primera fue el Ministerio Público (MP) de Salto de Agua, Juan Ramón Ortíz Alegría, donde le informó que apenas le habían mandado el expediente, pero al defensor le dio un número falso de Averiguación (AP) Previa; al tener personalidad en el caso, Francisco regresó ante MP de Salto de Agua, para solicitar copias del expediente, pero sólo se encontraba el secretario en turno, quien le informó que el número de la AP no era correcta, pero como no estaba "el licenciado", no se le podía dar información sobre el caso. Ahora le dicen a Francisco que tiene que ir hasta la Subprocuraduría General de la Zona Norte en Pichucalco, donde según están llevando el caso.

Estas acciones por parte de las autoridades para impedir a Francisco son atentados en contra el derecho de los detenidos a una defensa adecuada, derecho que es garantizado de acuerdo al artículo 20 de la Constitución Política y que de acuerdo al Código de Procedimientos Penales jamás podrá ser cancelado con la aplicación del arraigo.

Tercero, el día 19 de este mes, llegó ante los arraigados una persona que no se identificó ante ellos, para que firmaran la prolongación de 30 días más del arraigo, a lo cual los detenidos se negaron por desconocer el contenido del mismo, ya que su lengua es el tzeltal; además de estar inconformes por continuar privados de su libertad. Por esta razón, el día de ayer el defensor Francisco Cruz Pérez, acudió al lugar del arraigo para estar presente en la firma de cualquier documento, sin embargo le restringieron la visita a sólo media hora, por ordenes asignadas a los custodios, tiempo en el cual, nadie se presento.

Cuarto, las irregularidades e ilegalidades en este caso han sido tan severas; la detención arbitraria, la tortura, la incomunicación que se llevó acabo del 19 al 25 de enero, y la aplicación injusta del arraigo, que han llamado la atención de varios grupos internacionales de derecho humanos por ser violaciones flagrantes del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y La Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes. Hasta hoy día la situación de los cinco detenidos ha sido resaltada por Aministia Internacional y La Organización Mundial Contra La Tortura quienes han comenzado una campaña internacional para atraer la atención mundial a este caso. Hasta hoy día esta campaña ha tenido como resultado decenas de cartas de mas de cuarenta organizaciones e innumerables individuos quienes se encuentran en desacuerdo con el trato de estos cinco detenidos y la violación por parte del gobierno de México del Derecho Internacional.

Por todo lo expuesto, La Red de Defensores Comunitarios por los Derechos Humanos, exige que el gobierno del estado, dicte las instrucciones necesarias para que se les ponga en inmediata libertad a los detenidos o se les juzgue conforme a la ley, si es que el Ministerio Público tiene los elementos suficientes para tal efecto. De no dictar dichas instrucciones a los tribunales, el ejecutivo estatal, Pablo Salazar, (quien lastimosamente ha demostrado una y otra vez que controla a la ala judicial) le estaría dando una señal más al mundo que el trato de los pueblos indígenas y los presos en el estado de Chiapas no ha cambiado bajo su mando. Por lo tanto La Red de Defensores seguirá haciendo todo lo posible para que el mundo conozca la injusta y tendenciosa aplicación de la "justicia" en el estado de Chiapas.

Atentamente
Red de Defensores Comunitarios por los Derechos Humanos