Denuncia

San Cristóbal de Las Casas, Chiapas
3 de abril del 2002

COMUNICADO DE PRENSA:
"CRÓNICA DE UN DESASTRE ANUNCIADO"

Las comunidades de Laguna el Paraíso, Laguna Suspiro, Nuevo San Pedro, 6 de Octubre, y Nueva Cintalapa, miembros del Municipio Autónomo Ricardo Flores Magón denuncian a través de la Red de Defensores Comunitarios Por Los Derechos Humanos el reciente hostigamiento por parte de los gobiernos federales y estatales, las fuerzas policíacas y el Ejercito Mexicano a las comunidades choles, tseltales, tzotziles, y tojolobales que se encuentran dentro de la Reserva Integral de la Biosfera de Montes Azules (REBIMA) y la llamada Zona Lacandona. Además, La Red de Defensores Comunitarios Por los Derechos Humanos anuncia que después de realizar un viaje de observación a dicha región, en donde fueron obvias las señales de un inminente desalojo de 35 comunidades indígenas de la Zona Lacandona, se ha pedido medidas cautelares con La Comisión Interamericana de Derechos Humanos para así intentar evitar una catástrofe en materia de derechos humanos.

Desde los años cincuentas La Selva Lacandona fue abierta al asentamiento humano por el gobierno federal mexicano como forma de evitar que el reparto agrario afectara a los latifundistas que tanto han dominado el estado de Chiapas. Como resultado, esa región fue habitada por choles, tseltales, tzotziles y tojolobales del resto de las regiones del estado de Chiapas en donde el agotamiento de tierras había llegado a un punto agudo.

Desde hace mas de 25 años 17 de las entonces nuevas comunidades en la región selva ya habían conseguido derechos como centros ejidales y 30 comunidades más le habían pedido por la vía jurídica el reconocimiento y regularización de sus tierras como ampliaciones y ejidos. Sin embargo, estos derechos y peticiones hasta hoy en día no han sido respetados dejando a más de 1,500 familias indígenas sin protección legal a las tierras que llevan mas de un cuarto de siglo trabajando.

En vez de reconocer a dichas familias y sus derechos el gobierno del entonces presidente Luis Echeverría le otorgó 614, 321 hectáreas de las tierras en disputa a un grupo de 66 familias indígenas Caribes que hoy en día se reconocen como los Lacandones, así creando la Zona Lacandona. Vale la pena mencionar que dicho otorgamiento se dio aunque los Lacandones solo habían solicitado 10,000 hectáreas, menos de ochos meses después del tramite de solicitud de tierras, y sin precedente en la historia Mexicana de un otorgamiento de tierras a un pueblo indígena.

Además de que dicho otorgamiento afecto a miles de familias de la zona, en 1978 el gobierno vuelve a tomar decisiones unilaterales en decretar que las 331,200 hectáreas que se encuentran alrededor de la Zona Lacandona formarían parte de la Reserva Integral de la Biosfera de Montes Azules y desde ese entonces ha sido obvio a los habitantes de la región que la meta final del gobierno Mexicano es desalojar por completo a las comunidades indígenas de esa zona.

En los últimos meses y después de que el 12 de septiembre de este año los llamados Lacandones hicieran una conferencia de prensa con la ayuda de Conservation International (organización que pretende ser "ambientalista" a pesar de que ha recibido apoyos económicos del Grupo Pulsar, Mcdonalds, Disney, Exxon, Ford, y más de 250 millones de dólares de la corporación Americana Intel.) en la cual exigieron el desalojo de 16 comunidades indígenas de la selva, dicha meta ha vuelto a resucitar dentro de los planes del gobierno.

Por lo mismo, funcionarios como Hernán Alfonso León de la Procuraduría Federal de Protección Ambiental (Profepa) confirman que 35 de las comunidades que se encuentran en la zona serán "reubicadas." Como pretexto de estas reubicaciones el gobierno pretende crear la imagen de que la zona selvática Chiapaneca es "un punto de alta ingobernabilidad" y por lo tanto el Ejercito Mexicano tendrá que ser desplegados en esa región para reinstaurar "el orden y el estado de derecho." Sin embargo, el gobierno Mexicano ha hecho muy poco para mantener secreta la verdadera razón de los inminentes desalojos, en diciembre del 2001 otro funcionario de la Profepa, Ignacio Campillo García, uso a Montes Azules como un ejemplo de la necesidad de ofrecerles a los inversionistas extranjeros "una infraestructura fuerte y bien aceitada" y "un marco jurídico de inspección y vigilancia adecuado" para que estos estén "dispuestos a poner más recursos."

Como resultado, las comunidades indígenas de esa región han denunciado con La Red de Defensores Comunitarios por los Derechos Humanos el incremento de vuelos rasantes de helicópteros, la actitud beligerante del Ejercito Mexicano y la Policía Federal Preventiva, y la formación y adiestramiento de nuevos grupos paramilitares en la zona con participación de la Secretaria de Pueblos Indios y la SEMARNAT.

Por las violaciones a los derechos humanos que significan las acciones del gobierno ya mencionadas y por la catástrofe humana que significaría el desalojo de mas de 1,500 familias que hoy se encuentran dentro de la Zona Selva de Chiapas La Red de Defensores Comunitarios por los Derechos Humanos ha visto necesario acudir a las instancias nacionales e internacionales para así buscar la protección jurídica de estos habitantes.

Por lo tanto, el día 29 de Marzo La Red de Defensores Comunitarios por los Derechos Humanos Defensores sometió una solicitud de medidas cautelares con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos a través de la cual La Red denuncia que el desalojo de las comunidades de esta región involucraría violaciones a las garantías individuales de los habitantes además de que significaría una total negación de los tratados y jurisprudencia sobre los derechos indígenas cuales: 1) requieren que el gobierno Mexicano consulte a los pueblos indígenas antes de llevar acabo una acción que les afecte directamente, 2) que proteja de manera especial los derechos terrenales de los pueblos indígenas y 3) que prohiben la reubicación unilateral de esos pueblos.

La estrategia inversionista de los gobiernos federales y estatales y la violencia que esta ha desatado hoy en todas las comunidades indígenas del estado hacen una vez más evidente lo que las organizaciones sociales y las ONG's, incluyendo La Red de Defensores Comunitarios Por Los Derechos Humanos, han dicho de manera insistente en los últimos seis años; en Chiapas no habrá una paz duradera hasta que los derechos de los pueblos indígenas a la autonomía, a sus tierras, y a sus culturas sean reconocidos y respetados a través de una reforma constitucional que surja de los mismos pueblos indígenas.

ATENTAMENTE
LA RED DE DEFENSORES COMUNITARIOS POR LOS DERECHOS HUMANOS