Denuncia

San Cristóbal de Las Casas, Chiapas; a 20 de junio de 2002

COMUNICADO DE PRENSA

La Red de Defensores Comunitarios por los Derechos Humanos de la Zona Norte Baja, denuncia la situación actual en la zona norte del estado, donde hasta la fecha la falta de justicia e impunidad continua.

A partir del mes de diciembre de 2001, militantes del PRD de la zona, dirigentes de Paz y Justicia, así como representantes del gobierno estatal como Juan González Esponda comisionado para la paz y reconciliación y Jaime Ramírez Masa de la subsecretaria de gobierno, han organizado reuniones con la pretensión de firmar acuerdos de paz, adornados con retornos forzados de la población desplazada.

La primera de esas reuniones fue el 3 de diciembre del año pasado en la ciudad de Macuspana, Tabasco; encabezada por los delegados del PRD de la comunidad de Jolnixtie, municipio de Tila; Manuel Pérez García, ex diputado del PRD, así como los dirigentes de Paz y Justicia Marcos Albino Torres López, Juan Martines Pérez, Eduardo Vázquez Gutiérrez, Sabeliano Torres Martines y Raymundo Hernández Trujillo; estos últimos han sido, hasta ahora los perpetradores del desplazamiento violento de personas en diversas comunidades; así como de múltiples asesinatos, robos, desaparecidos y quemas de casas.

Una segunda reunión se realizó en la ciudad de Palenque, Chiapas los días 8 y 9 de enero de 2002, donde acordaron firmar una reconciliación de paz el día en que se realizaría la reapertura de la Iglesia San José, en El Limar, principal centro de actividades de Paz y Justicia; sin embargo algunos paramilitares que seguían a Diego Vázquez no estaban de acuerdo con firmar la paz. Al día siguiente de la apertura de este centro religioso detienen a Diego Vázquez. Su detención provoco que fueran asesinadas dos personas miembros de Paz y Justicia pero de la fracción dispuesta a firmar las actas de reconciliación que promueve el gobierno del Estado.

Al mismo de tiempo de llevar a cabo estos simulacros de paz, comenzó la planeación de fechas para un eventual retorno de los desplazados en las comunidades de Miguel Alemán, Zusuklumil, Tasquil, Masoja Grande.

Cabe mencionar que en la comunidad de Masoja Grande ya se había iniciado un retorno en 1997, promovido por el entonces subsecretario de gobierno del estado, Mario Arturo Coutiño Ferrer, y por Leopoldo Díaz, Coronel del Ejército Federal destacamentado el poblado de El Limar. Pero, al igual que ahora, el retorno se llevó a cabo sin que existieran las garantías de seguridad y respeto necesarios, por lo que los paramilitares cobraron la cantidad de $5,000.00 por cada familia de retornados para que tuvieran derecho a retornar. Al no pagar esa cantidad nuevamente desplazados de sus tierras y regresaron a la comunidad de Masocja Shucja.

Ahora, el gobierno del estado comienza a planear de nueva cuenta estos retornos. El día de hoy 20 de junio se llevaría a cabo una nueva reunión, en la que participarían funcionarios de gobierno y religiosos católicos, para firmar acuerdos de reconciliación y decidirían fechas de retorno. Sin embargo, estos retornos, no cumplen con las condiciones necesarias para proteger la vida e integridad física de los desplazados, ni tampoco tienen asegurada la recuperación de sus casas, parcelas, cafetales, solares y otros servicios de la comunidad, ocupados y controlados por los paramilitares, ante esta falta de condiciones, ni siquiera se habla de la reparación de daños sufridos desde 1995 hasta la fecha.

La población desplazada, a través de sus defensores comunitarios, hace un enérgico reclamo al gobernador del estado, ante la actuación de sus representantes, así como la participación de militantes del PRD de la zona baja de tila, quienes sólo están creando divisiones en las comunidades, promoviendo supuestos procesos de paz, carentes de justicia que sólo buscan aparentar procesos de pacificación en lugares donde se han producido decenas de ejecuciones extrajudiciales y cientos de familias desplazadas por grupos paramilitares que actuaron y siguen actuando con impunidad.

La Red de Defensores, exige al gobierno del Estado a respetar el derecho a la justicia de todas aquellas familias y victimas de los actos del grupo paramilitar Paz y Justicia. Solo cuando la justicia llegue a la zona norte del estado y cuando los paramilitares desmembrados y sean sujetos a proceso penal, habrá condiciones para un retorno seguro de los desplazados. Mientras no se den estas condiciones, los eventos de retorno y de firmas de acuerdos de reconciliación sólo serán escenografías montadas para aparentar escenarios de paz que no existen.

ATENTAMENTE

Red de Defensores Comunitarios por los Derechos Humanos