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MEXICO EN LA ENCRUCIJADA ECONOMICA*

México está hundido en la crisis económica y política más dramática de su historia. Más allá de los escenarios artificiales narrados por la televisión o los estudios socioeconómicos con que el gobierno mexicano y las organizaciones financieras internacionales que lo apuntalan pretenden maquillar la catástrofe actual, los siguientes hechos hablan por si solos:

México padece actualmente los salarios más bajos de los últimos setenta años, así como la huida de trabajadores migrantes hacia el extranjero de mayor dimensión en el mundo (15 millones de seres humanos), la masa de pobres más grande de nuestra historia (60 millones) y una creciente magnitud de infantes (más de cinco millones) que injustamente trabajan y son impunemente explotados. Todo lo anterior soportado por la corrupción y gangsterismo de los sindicatos mexicanos, así como por la gigantesca masa de trabajadores carentes de derechos sindicales, pero sobre todo por la masa aun mayor de desempleados y subempleados, tal vez la más alta conocida durante el desarrollo del capitalismo en México.

¿La raíz del problema?

México padece una de las deudas financieras internacionales más grandes del mundo que, entre otras cosas, ha conducido a la destrucción irracional de la planta industrial precedente -la que en su mejor momento contó con ciertas posibilidades de generar equilibrio y autonomía nacional- suplantándola con corredores urbanos de industrias ensambladoras o maquiladoras; así como a la devastación de la autosuficiencia alimentaria, con la consiguiente crisis y ruina de millones de campesinos que se ven obligados a abandonar, vender o a cultivar con enervantes sus tierras. Deuda internacional que también ha empujado a la entrega paulatina de los principales recursos estratégicos de la nación al capital extranjero (industria petrolera nacional, minerales, biodiversidad, etc.) así como a la privatización y desnacionalización de las principales infraestructuras, en forma de red, que alimentan y drenan el tejido económico nacional (ferrocarriles, carreteras, puertos aéreos y marinos, electricidad, agua, telefonía, telecomunicaciones, satélites, etc.), vía por la cual el país se aproxima cada vez más al abismo de la balcanización.

El estrangulamiento del mercado interno, la crisis de las carteras vencidas, la quiebra y subsidio constante de la banca nacional y su desnacionalización, la incursión del narcotráfico en las finanzas y política nacional, la corrupción y descomposición cada vez más aguda del Estado, los magnicidios y fraudes electorales, la tasa de delincuencia más alta de nuestra historia, el descontento y las constantes movilizaciones nacionales y regionales de protesta, etc., son, entre otros muchos hechos, realidades que no pueden ocultarse con el aumento del índice de exportaciones o con el constante pronunciamiento de programas oficiales de gobierno que auguran el fin del deterioro y las crisis, pero tampoco puede acallarse con los mas altos índices mundiales en violación a los derechos humanos o con la militarización creciente del país, sea en las regiones rurales estratégicas -principalmente en el sureste indígena de México- o en las zonas urbanas, tan pobladas y problemáticas.

La globalización y el TLC (o NAFTA) hacen de México uno de los territorios del mundo donde más salvajemente se implementa la actual lógica neoliberal de explotación, expropiación, exclusión y discriminación.

Así como México es un espejo del dolor que el capital global infringe al mundo, el sureste mexicano y, dentro de este, Chiapas son otro de tantos espejos del sufrimiento que agobia a la nación. Territorio privilegiado por su riqueza natural y cultural exuberante, Chiapas pareciera igualmente una tierra maldita por su historia de explotación y marginación de su población indígena. El desarrollo del colonialismo y el capitalismo en la región han ocasionado permanentes expulsiones y despojo de riqueza de su población originaria. Este viejo proceso revive con la actual integración de México al proceso de globalización, por cuanto empuja hacia la privatización de las principales riquezas estratégicas (petróleo, agua, hidroelectricidad y biodiversidad) ubicadas, entre otros lugares, en la selva Lacandona, generando con ello nuevas tendencias hacia la liquidación y / o expulsión de la población indígena del lugar. Sin embargo, el levantamiento armado zapatista del 1º de enero de 1994 sumado a la extensa y enérgica movilización campesina en todo el estado, logró frenar momentánea y parcialmente este proceso de expropiación.

Frente a ello, el gran capital -que aquí empuja además a la remodelación de las formas de propiedad de la tierra, disgregando y / o disfrazando las viejas fincas latifundistas- responde con nuevos proyectos de desarrollo económico que incorporan selectiva y excluyentemente a sectores minoritarios de ejidatarios, destinados a convertirse durante algunos años en dinámicos microempresarios ejemplares. Con la intensión de fracturar la resistencia campesina se busca la creación de enfrentamientos artificiales entre la propia población indígena, encubiertos bajo el halo de la libre competencia pero, sin embargo, cuidadosamente articulados con estrategias de guerra de baja intensidad, buscando siempre corromper comunidades, desgastarlas y si es posible liquidar los núcleos de rebeldía mejor organizados.

Pero el gran poder mundial también responde a la actual lucha social de Chiapas disfrazando sus megacapitales con diferentes proyectos de inversión y modernización relativamente dispersos. No casualmente el Chiapas rebelde -"última frontera" y única zona tropical de América del Norte- atrae nuevos proyectos internacionales de financiamiento, como el Fondo Chiapas, destinados a la creación de plantaciones de hule, palma africana, palma camedor, barbasco, eucalipto, marañon, frutos, raíces y maderas tropicales, etc., auspiciados por el Banco Mundial y otros grupos financieros internacionales. Confluyen de esta suerte nuevos capitales (grupos empresariales como El Porvenir, Grupo Mexicano de Desarrollo, Modelo y Escorpión, así como los grupos financieros BanCrecer y Serfin) con empresas nacionales y transnacionales previamente operantes en la región (Nestlé, Del Monte, Maseca, Grupo Pulsar, el monopolio comercializador de café Neuman, ICA, Pepsi Co., Tribasa, Hérdez, etc.), a la vez que se prepara el terreno a nuevas y mayores empresas interesadas en la depredación de recursos todavía más rentables: gas y petróleo (caso de la empresa canadiense Hydro Quebec International), recursos forestales (International Paper, Simpson, etc.), biodiversidad (que hoy en día es valuada por algunas organizaciones ambientalistas transnacionales como materia prima para la biotecnología y la ingeniería genética), hidroelectricidad, ecoturismo, etc.

Estos movimientos de capital empujan -de manera directa, es decir, con violencia y muerte, tal y como ahora sucede en la región norte del estado; o de manera indirecta mediante procesos económicos que arruinan a los campesinos- a mayores expulsiones de población rural hacia las zonas urbanas (Tuxtla, Tapachula, la región del Istmo, etc.), donde, evidentemente, quienes logren sobrevivir, encontrarán bajas tasas de empleo y altas tasas de superexplotación, características de los actuales proyectos de industrialización maquiladora.

Sin embargo, al gran capital no le basta con apropiarse de las mejores tierras de Chiapas o el país. La acelerada concentración de empresas que operan en todo el planeta resulta invisible si se observan solamente las grandes firmas aisladas, tal y como recién las mencionamos, y no sus nuevas redes profundas de coordinación y control, tejidas mediante insólitas fusiones de megacapitales procedentes de todas las ramas de la división del trabajo, pero también mediante la corrupción y alevosía gubernamental de nuevos "mega" políticos neoliberales (bananeros o no) como Carlos Salinas de Gortari o Carlos Hank González. Esta acelerada concentración de capital, decimos, obliga a nuevos usos integrados del territorio, donde las fusiones supremas, auxiliadas por el Banco Mundial, el BID, etc., son quienes se apropian en "paquete" de los gigantescos proyectos de construcción, el uso de carreteras, ferrocarriles, transportación marítima, recursos financieros, telefonía, explotación y transformación de hidrocarburos o minerales estratégicos, etc.; integrando también de manera electroinformática las viejas y las nuevas plantaciones tropicales agrícolas y forestales, o los nuevos potreros de ganadería intensiva, basados en la biotecnología, etc., con los principales mercados internacionales.

Por tal motivo el Estado mexicano, a través de sus Planes Nacionales de Desarrollo o de regularización de la propiedad de la tierra (PROCEDE), mediante la intervención de algunas de sus secretarias de Estado (SEDESOL y SEMARNAP principalmente) y mediante planes parciales de inversión e investigación (Fondo Chiapas, Fondo Oaxaca, Fondo Guerrero, PRODUCE, etc.), habla constantemente de la reorganización del uso del suelo mediante la formación de nuevas regiones económicas que rebasan fronteras municipales, estatales e incluso nacionales. Si bien busca disimular el sentido monetario e inhumano de sus reformas subrayando que se trata de proyectos de "desarrollo sustentable", lo que en verdad avanza es la construcción de varios corredores de maquila que atravesando el país entero comunican a los Estados Unidos con la Cuenca del Pacífico, comenzando por el Istmo de Tehuantepec, la conversión de millones de hectáreas del sureste en plantaciones tropicales, la perforación y taponamiento de miles de pozos petroleros por todo Chiapas, la inversión en megaproyectos urbanos, los procesos de privatización y desnacionalización en paquete de sistemas ferroviarios, carreteros, canales intracosteros, yacimientos minerales, etc.

El hecho de que las comunidades indígenas de todo el país hayan logrado reunirse entre 1995 y 1996 para discutir y formular conjuntamente, dentro del proceso de los diálogos de paz de San Andrés Sacamch'en, una propuesta de autonomía y autogestión de sus territorios, inició una reorganización del tejido social campesino que contravino dichos procesos transnacionales de expropiación / inversión, estableciendo un nuevo obstáculo a la entrega indiscriminada de la soberanía sobre el territorio nacional. Ello por cuanto la autonomía indígena ofrece la posibilidad de organizar desde abajo y horizontalmente el uso de los territorios, de acuerdo a las necesidades económicas, políticas y culturales de las comunidades, abriendo la posibilidad de crear nuevas regiones que establezcan democráticamente proyectos de producción y / o reproducción que verdaderamente sirvan al desarrollo equilibrado y orgánico (incluido el ecológico) de los pueblos. Por ello los acuerdos de San Andrés contemplan la posibilidad de efectuar coordinaciones intermunicipales (e incluso entre diferentes estados) que permitan a las diferentes etnias sustentar sus proyectos de autogestión.

Esta democratización en la base de la vida económica y social de México corta de tajo el proceso de subordinación y control que requieren los nuevos procesos de regionalización transnacional: tanto sus proyectos de expulsión o exterminio de población que habita dentro de las regiones estratégicas, como la disgregación y exterminio sistemático y selectivo de aquella otra población que destaca por su rebeldía. La adquisición de nuevos derechos en favor de la organización social para implementar proyectos de autogestión, contrarresta algunos de los efectos mas destructivos y etnocidas de la reformas constitucionales operadas durante el gobierno de Carlos Salinas de Gortari. De ahí la enorme trascendencia que los acuerdos de San Andrés tienen para todos los municipios campesinos del país (e incluso para los mismos municipios o delegaciones urbanas), que justamente hoy luchan, unos más y otros menos, por un proceso de paulatina democratización que les permita intervenir cada vez más en sus elecciones municipales.

Con lo anterior resultan evidentes algunas de las razones económicas y sociales de fondo por la cuales el Estado mexicano se ve obligado a retroceder en los acuerdos firmados con el EZLN durante la primera fase de los diálogos de paz de San Andrés. Sin embargo, más allá de las complejas consecuencias políticas que esto tenga para todos, el problema de fondo que dio origen al levantamiento armado de las comunidades continua sin resolverse. Las comunidades indígenas de Chiapas siguen ahí, vivas, resistiendo, con sus enormes carencias y abandono gubernamental, a las que se ha sumado un hostigamiento militar y paramilitar creciente con su compleja estrategia transnacional de guerra de baja intensidad. Sin embargo, como la interrupción de los diálogos de paz no implicó la suspensión de la vida en las comunidades zapatistas, estas siguen ahí, como siempre, requiriendo de la subsistencia diaria.

En la medida en que el desafío del sureste ha despertado una lucha nacional de resistencia y organización por parte de quienes han sido elegidos como sobrantes por el actual sistema, la supervivencia de los rebeldes se ha vuelto particularmente incomoda para el capital. Por ello, mientras al Estado mexicano le resulta momentáneamente conveniente subsidiar, apoyar, corromper y dividir a todas las comunidades campesinas e indígenas de Chiapas que no se encuentran organizadas directamente dentro del zapatismo, igualmente le resulta cada vez mas necesario hostigar, desgastar, estrangular los servicios e incluso asesinar en las comunidades indígenas que sí son o simpatizan con el zapatismo.

Sin embargo, la puesta en marcha de procesos autogestivos que hagan posible la supervivencia de las comunidades indígenas no puede esperar indefinidamente hasta el momento en que el perverso postergamiento gubernamental de los acuerdos de San Andrés se desgaste. A diferencia de otras comunidades campesinas del país, los zapatistas se encuentran imposibilitados de recibir subsidios gubernamentales, por cuanto estos sólo se entregarían a cambio de la claudicación y derrota de su lucha nacional. Las comunidades zapatistas ni viven del aire ni podrán resistir eternamente un cerco y castigo gubernamental, una competencia capitalista y una agresión militar crecientes, si no proceden a coordinar en sus extensas regiones su producción y reproducción, articulándola con la resistencia de otros pueblos indios del país y con los procesos de solidaridad y lucha nacional e internacional.

Una posibilidad clave de la resistencia está, por tanto, en extender las redes de autogestión indígena hacia el plano de la solidaridad internacional, organizando permanente la canalización de recursos, que de hecho ya ha estado presente de manera dispersa y relativamente desordenada durante los últimos tres años, haciendo posible la intensificación y coordinación de los esfuerzos para atender en el largo plazo la autogestión de la producción y el cuidado del medio ambiente, la alimentación y salud, el abasto regular de energía eléctrica, la educación y la comunicación en las montañas rebeldes de Chiapas.

*Andrés Barreda
Enlazador de Mundos no. 1